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66/21 Pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade,

Balance general sobre la gestión del Covid-19 por parte del Gobierno de la República

Las siguientes conclusiones están sustentadas en 62 supervisiones (53 realizadas entre marzo y diciembre de 2020, y 9 de enero a abril de 2021) y los oportunos llamados que he realizado a las autoridades pertinentes a introducir correctivos en la gestión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 durante este periodo.

1. La gestión de la pandemia del COVID-19 por parte de la administración central del Gobierno de la República fue deficiente. Una estrategia basada en el aprendizaje del manejo histórico y contemporáneo de las pandemias, conducida por un liderazgo político-científico capaz de introducir orden institucional y transparencia en el sistema de compras y abastecimiento de medicamentos e insumos, así como en la construcción y comunicación de información cierta, habría evitado muchos fallecimientos y enormes costos socioeconómicos.

2. La crisis sanitaria constituyó una gran oportunidad perdida de encadenar los tres niveles de atención de salud, pero en cambio se mantuvo la inercia de que los niveles 1 y 2 recargaron al ya débil tercer nivel de atención de salud saturándolo y, por momentos, colapsándolo. La crisis también abrió una ventana de oportunidad para transformar el sistema fragmentado de salud y seguridad social, con la participación amplia y libre de entidades y expertos, pero en cambio apenas se agregaron unos cuantos hospitales de emergencia, de los cuales solo uno, el de Quetzaltenango, opera con cierta normalidad. El resto de hospitales opera en instalaciones que no son aptas, sin personal, ni insumos, ni medicamentos suficientes, sin equipo de protección y con graves deficiencias administrativas, incluso para pagar sueldos y salarios del personal.

3. La sobre-atención (al menos mediática) de la pandemia del Covid-19, sumada a las dos deficiencias antes mencionadas, minusvaloró y postergó el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer, infecciones renales y cardiovasculares, a la vez que se desatendieron una serie de programas asociados al combate a la desnutrición infantil crónica y aguda, con graves consecuencias para la salud de la población, incluyendo el incremento de los índices de malnutrición y la cauda de centenares de fallecimientos de niños menores de 5 años.

4. El desafío de gestionar la pandemia expuso y agravó las deficiencias institucionales del Estado, incluyendo su incapacidad de trabajar con base en -y generar- información estadística actualizada y confiable, para atender a las poblaciones vulnerables en los campos sanitario y socioeconómico. A pesar del extraordinario esfuerzo fiscal otorgado por el Congreso de la República -que fue equivalente al 3% del producto interno bruto- la administración central del gobierno no supo ejecutar con eficacia ni eficiencia esos recursos. Por otro lado, se han multiplicado las entidades y mecanismos gestores paralelos de la crisis sanitaria, debilitando la responsabilidad rectora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los resultados han sido mayores costos humanos y económicos, y la erosión de la confianza de la población en las instituciones y autoridades de gobierno, es decir, un riesgoso deterioro de la gobernanza.

5. El cúmulo de la mala gestión de la pandemia se extiende a la etapa de vacunación: hemos ingresado con nueve meses de atraso al sistema COVAX, y el gobierno no ha sabido -o no ha querido- poner en marcha una política agresiva de adquisición de vacunas. Dominado por la lógica de la intermediación opaca que genera comisiones bajo la mesa, ha eludido negociaciones directas con gobiernos y farmacéuticas que han patentado las vacunas. El resultado es el inaudito rezago de inmunizaciones, la ampliación de la brecha de desigualdad social de acceso a los medicamentos y el abandono y desprotección de la salud del 99.9% de los habitantes.

Guatemala 2 de mayo de 2021 

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