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128/21 En el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, señala que la condición de marginación y falta de oportunidades de esta población (más del 40% de la PEA) se está agravando durante la pandemia y el Estado no emprende políticas ni programas significativos que mitiguen su crisis

Señala:

Que el XII Censo de Población y VII de Vivienda de 2018, registró 486 mil 361 adolescentes y jóvenes, comprendidos entre 15 y 19 años, así como 809 mil 396, entre 20 y 24 años, y 741 mil 322 entre 25 y 28, como Población Económicamente Activa (PEA), o sea, que tienen o buscan empleo. Esta población joven representa casi el 30% de los habitantes del país y más del 40% de la PEA.

Que, sin embargo, casi ocho de cada diez de estos jóvenes apenas sobreviven en la llamada economía informal. Esto se traduce en que a pesar de que empeñan entre 12 y 16 horas al día en múltiples actividades laborales, más del 95% no alcanzan ingresos suficientes para adquirir la canasta básica ampliada, es decir, que les permita acceso, además de su alimentación y vivienda, a servicios básicos de salud, educación y transporte, que debería de facilitar el Estado.

Que su baja escolaridad promedio -apenas por encima de la escuela primaria limita notablemente sus oportunidades de realización. La pobre inversión social y económica en sus barrios y comunidades obliga a muchos jóvenes a emigrar a las cabeceras departamentales, la capital del país o Estados Unidos y otros países, en condiciones desventajosas, en las que pierden su calidad ciudadana, es decir, son víctimas de violaciones atroces de sus derechos humanos. Estas condiciones se agravaron durante el periodo de pandemia, declarado hace 16 meses.

Recuerda:

Que el Estado de Guatemala ha asumido compromisos, como el del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en el que asume la tarea -que no ha cumplido- de "promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para la juventud que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando igualdad de oportunidades y trato".

Que, en otro compromiso asumido soberanamente, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible referido a trabajo decente y crecimiento económico, el Estado de Guatemala se sumó -sin emprender hasta ahora los esfuerzos necesarios- a "reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación" y "lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor".

Recomienda:

Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social,

-Establecer las coordinaciones interinstitucionales necesarias para la reformulación de la Política Nacional de Empleo Digno y su armonización con otras políticas, incluida la Política Nacional de la Juventud, así como los compromisos internacionales en materia del Derecho al Trabajo, formación y capacitación técnica en aras de garantizar una respuesta estratégica e inmediata a la demanda de formación, capacitación e inserción laboral de las y los jóvenes.

Al Gobierno de Guatemala,

-Impulsar acciones para el reconocimiento de los derechos de la juventud, el cumplimiento de compromisos asumidos en el ámbito internacional en materia de promoción de los derechos de estos grupos poblacionales, así como fomentar iniciativas de armonización de políticas públicas que beneficien a las juventudes.

Guatemala, 15 de julio 2021. 

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