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05/22 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresa su alarma, preocupación y condena porque en los primeros días de 2022 se ha registrado un nuevo incremento de femicidios y otros actos de violencia contra las mujeres, mientras las instituciones públicas responsables mantienen una actitud general de indiferencia

Manifiesta:

Su rotunda y categórica condena y repudio por la muerte violenta de cinco mujeres, ocurridas en los primeros diez días de 2022. Se trata de los femicidios de Keyla Villeda de 34 años, el 4 de enero en Chiquimula; Nora Gramajo, de 56 años, el 5 de enero en la zona 6 de la capital, y el mismo día una mujer no identificada en la zona 2 de Mixco; Idania Marisol López Nufio, el día 9 en Ipala, Chiquimula, y Karen Mishel Ico Monzón, el día 10 en la zona 18 de la capital.

Su profunda preocupación porque los continuados y múltiples hechos de violencia contra las mujeres, que se vienen registrando desde hace varios años, muestran su condición de vulnerabilidad e indefensión, a la vez que reflejan la incapacidad del Estado de garantizarles la vida y su integridad; además, la impunidad de la inmensa mayoría de estos crímenes deja la puerta abierta para su repetición sin consecuencias para los responsables.

Recuerda:

Que en concordancia con lo establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Belém do Para", y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado, a través de las instituciones de justicia, seguridad y educación, está obligado a fortalecer su actuación coordinada para garantizar medidas integrales preventivas y de respuesta inmediata que contribuyan a erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y a enfatizar el respeto a la vida, integridad y dignidad de todas las mujeres.

Recomienda:

Al presidente de la República,

Girar instrucciones a donde corresponda para que se redoblen los esfuerzos y recursos necesarios para prevenir la violencia contra las mujeres; en particular garantizar que la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi) cumpla su función rectora en la materia.

Garantizar y priorizar el presupuesto suficiente a la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial a fin de que operen con eficiencia en la salvaguarda de la vida e integridad de las mujeres.

Fortalecer la Secretaría Presidencial de la Mujer para asegurar el avance de las políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres en todas las estructuras del Estado.

Al Ministerio de Gobernación,

Redoblar y fortalecer la actuación policial en todo el territorio, garantizando medidas integrales preventivas para erradicar la violencia en todas sus formas contra las mujeres y enfatizar el respeto a su vida, integridad y dignidad.

Cumplir con la función rectora de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi) asegurando el cumplimiento de las acciones estratégicas del PLANOVI 2020-2029 relativas a la prevención de la violencia contra las mujeres.

Al Ministerio Público,

Garantizar la investigación inmediata de los hechos constitutivos de delito contra las mujeres, agilizando todas las diligencias necesarias para identificar a todos los responsables de estos crímenes y evitar que permanezcan en la impunidad.

A la sociedad en general,

Impedir que se normalice o justifique la violencia contra las mujeres, y rechazar estereotipos machistas que reproducen prácticas que menoscaban la dignidad e integridad de las mujeres.

Guatemala, 12 de enero 2022. 

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