Es momento de sentarse y dialogar

  • Lunes, 03 Marzo 2014 11:08
Respecto del tema de la posible construcción de una planta generadora en Xalalá, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque y el Director de Mediación, Mario Minera, comentaron al respecto, en la siguiente entrevista brindada a Siglo 21 y la cual fue publicada por ese matutino el 23 de febrero.
PDH quiere prevenir enfrentamientos en Xalalá

Luego de estudiar experiencias pasadas, como la de la hidroeléctrica Chixoy y otras 23 que operan en el país, y tras recibir constantes denuncias por parte de los pobladores de Quiché y Alta Verapaz por la posible construcción de una planta generadora en Xalalá, el Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, busca adelantarse y actuar en materia de prevención ante cualquier conflicto que el proyecto pueda generar.

“La gente está cansada de que no se les explique ni se les tome en cuenta para decidir si deben o no construir esos grandes proyectos a la par de sus casas, que de una u otra manera podrían afectarles y hasta violar sus derechos”, afirma De León.

El PDH señala que “es momento de sentarse y dialogar. Debe prevenirse cualquier enfrentamiento que pueda producirse por no atender a los pobladores”.
Hace un llamado para que Gobierno, empresarios, sociedad y demás involucrados coincidan en sentarse y discutir sobre los planes que tiene el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) con la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.
 
Diana Choc
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PDH quiere prevenir enfrentamientos en Xalalá
 
Luego de estudiar experiencias pasadas, como la de la hidroeléctrica Chixoy y otras 23 que operan en el país, y tras recibir constantes denuncias por parte de los pobladores de Quiché y Alta Verapaz por la posible construcción de una planta generadora en Xalalá, el Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, busca adelantarse y actuar en materia de prevención ante cualquier conflicto que el proyecto pueda generar.
 
 “La gente está cansada de que no se les explique ni se les tome en cuenta para decidir si deben o no construir esos grandes proyectos a la par de sus casas, que de una u otra manera podrían afectarles y hasta violar sus derechos”, afirma De León.
 
El PDH señala que “es momento de sentarse y dialogar. Debe prevenirse cualquier enfrentamiento que pueda producirse por no atender a los pobladores”.
 
Hace un llamado para que Gobierno, empresarios, sociedad y demás involucrados coincidan en sentarse y discutir sobre los planes que tiene el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) con la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.
 
Antes de la detonación

Autoridades del INE indican que están a la espera de las conclusiones de un estudio de factibilidad del proyecto, que estará listo en menos de tres meses, lo que respalda el comisionado nacional para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel.
 
“La ejecución del trabajo se ha reflexionado con el Ministerio de Energía y Minas, así como con la Asociación de Generadores de Energía. Y ahora se está a la espera de los resultados del estudio de factibilidad”, asegura Balcárcel.
 
Sin embargo, el director de mediación del PDH, Mario Minera, cree que el proyecto se desarrollará independientemente de los resultados del informe, pues desde el año pasado se observan trabajos en el área.
 
“Los pobladores tienen razón en ser desconfiados, tienen ejemplos claros como el de la hidroeléctrica Chixoy que violó los derechos de los pobladores, a tal grado que el Estado tuvo que resarcir a las personas; la reparación sumó más de Q200 millones. También tienen el ejemplo de lo que ocurre en Santa Cruz Barillas”, agregó Minera (lea: No debe repetirse).
 
Antes de que el problema se agudice, De León propone el análisis de la creación de una ley que rija la manera en que las empresas lleven a cabo este tipo de actividades en el país. En ella debería establecerse el porcentaje económico que se otorgaría a la municipalidad del área involucrada, los beneficios para los pueblos aledaños, las ganancias para el Estado, el lapso de duración del funcionamiento de la hidroeléctrica, y un estudio de impacto ambiental en el sitio.
 
El Procurador también es partidario de que el Estado corrija el poco espacio que se les da a las poblaciones afectadas para exponer sus puntos de vista. “Ellos tienen que participar en consultas y votar, si es necesario; no es posible que no se les pregunte”, recalca.
 
Sin embargo, Balcárcel considera que los pobladores no tienen por qué votar. Lo único que debe hacerse es lo establecido en la política de Inversión Privada en Terrenos Rurales, no más, que especifica la manera en que deben trabajarse proyectos como este.
 
Minera señala que las poblaciones aledañas a las hidroeléctricas son las menos favorecidas con este tipo de proyecto. “Hay quienes viven a un costado y ni siquiera reciben el beneficio de la electricidad. Al contrario, terminan con ambientes contaminados, con enfermedades de distintos tipos, sin agua, y otro cúmulo de problemas”.
 
Los afectados

El proyecto de la hidroeléctrica Xalalá, con un costo estimado de $400 millones para su construcción, implica la inundación de áreas de los municipios Playa Grande y Uspantán, en Quiché, y Cobán, en Alta Verapaz. En la versión original de los años 70, inundaría un terreno mayor de 30 km² y un embalse de 7.5 km², de acuerdo con un informe realizado por la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (Cifca).